El Reino Unido pretende frenar la contaminación del agua con sanciones más estrictas y una regulación más estricta

Fecha: 6 de septiembre de 2024 3:07 a.m. GMT+8

LONDRES, 5 sep (Reuters) - Gran Bretaña presentó el jueves una nueva legislación para endurecer la supervisión de las compañías de agua, con penas que incluyen prisión para los patrones si obstruyen las investigaciones sobre la contaminación de ríos, lagos y mares.

Los derrames de aguas residuales en el Reino Unido alcanzaron un nivel récord en 2023, amplificando la ira pública por el estado de los ríos sucios del país y las empresas privadas responsables de la contaminación, como el mayor proveedor del país, Thames Water.

El gobierno, que fue elegido en julio, prometió que obligaría a la industria a mejorar, por ejemplo, entregando al regulador del agua el poder de prohibir las bonificaciones a los jefes de las empresas.

"Este proyecto de ley es un importante paso adelante para arreglar nuestro sistema de agua averiado", dijo el ministro de Medio Ambiente, Steve Reed, en un discurso en el Thames Rowing Club el jueves.

"Asegurará que las compañías de agua rindan cuentas".

Una fuente del departamento de Reed dijo que se esperaba que se reuniera con inversores la próxima semana para tratar de atraer los miles de millones de libras de financiación necesarios para limpiar el agua de Gran Bretaña.

"Al fortalecer la regulación y hacerla cumplir consistentemente, crearemos las condiciones necesarias en un modelo de sector privado bien regulado para atraer la inversión global necesaria para reconstruir nuestra infraestructura hidráulica rota", dijo.

Ha habido críticas de que los jefes del agua hayan recibido bonificaciones a pesar del aumento de la contaminación de las aguas residuales.

El director ejecutivo de Thames Water, Chris Weston, recibió a principios de este año una bonificación de 195.000 libras (256.620 dólares) por tres meses de trabajo, por ejemplo. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

Reed dijo que el proyecto de ley otorgaría al regulador de la industria, Ofwat, nuevos poderes para prohibir las bonificaciones ejecutivas a menos que las compañías de agua cumplan con altos estándares en lo que respecta a la protección del medio ambiente, sus consumidores, la resiliencia financiera y la responsabilidad penal.

El nivel de inversión necesario para mejorar las alcantarillas y las tuberías, y cuánto deberían contribuir los clientes en facturas más altas, ha provocado desacuerdos entre Ofwat y los proveedores.

Según la nueva legislación propuesta, la Agencia de Medio Ambiente tendrá más margen para presentar cargos penales contra ejecutivos, además de multas severas y automáticas por delitos.

También se exigirá a las empresas de agua que introduzcan un control independiente de cada salida de aguas residuales y las empresas deberán publicar planes anuales de reducción de la contaminación.